El Poder Judicial continúa con los esfuerzos de facilitar a las personas usuarias, el acceso de sus trámites de manera virtual, mejorando cada vez más su plataforma de servicios digitales.
Para el primer semestre del 2025, los datos estadísticos del uso de servicios en línea que ofrece este Poder de la República, muestran números que reiteran la confianza de las personas usuarias en esta modalidad para gestionar sus trámites, sin necesidad de acudir a edificios judiciales.
En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año, se entregaron 254.001 hojas de antecedentes penales (hoja de delincuencia), se registró la presentación de 132.919 demandas y 1.333.311 escritos, se tramitaron 6.909 certificaciones de pensión alimentaria, 55.029 órdenes de apremio y se realizaron 2.380.099 notificaciones.
En lo que respecta a los trámites de impedimento de salida del país, se gestionaron 83.374 consultas directas de personas usuarias y se tramitaron 3.181.462 consultas por parte de la Dirección General de Migración y Extranjería.
Cabe destacar, que se registraron 4.470.197 consultas de jurisprudencia en el buscador Nexus PJ, 54.564 consultas al Chatbot del Poder Judicial, se tramitaron 68.950 claves de Gestión en Línea y se tramitaron 1.055.075 expedientes electrónicos.
Movimiento del Sistema de Depósitos Judiciales (SDJ)
En lo que respecta al Sistema de Depósitos Judiciales (SDJ), sistema por el cual se registra el dinero que se recibe, autoriza y paga dentro de los procesos judiciales, se mostraron altos índices de efectividad, lo anterior con el propósito de mantener activa la economía del país.
En el primer semestre del 2025, el Poder Judicial pagó a las personas usuarias ¢148.873.27 millones, $15.78 millones y €940.00, es decir, un promedio diario de ¢827.07 millones, $87.693.55 y €5.22.
En cuanto a depósitos, se recibieron ¢161.581.47 millones, $14.43 millones y €6.360.00, esto en 1.387.078 gestiones.
De esta manera, el Poder Judicial enfoca sus esfuerzos en robustecer su plataforma tecnológica y sus servicios en general, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia de una manera eficiente y accesible para todos y todas por igual.
